DESJUDICIALIZACION DEL REGISTRO CIVIL.RASGOS GENERALES.LA GESTION PUBLICA DEL REGISTRO CIVIL

El Ministerio de Justicia garantiza que la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública cuando se apruebe el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros en el que trabaja para descongestionar los juzgados y tribunales. Esta reforma para unificar todos los Registros incluye también el objetivo de desjudicializar el Civil previsto en la Ley 20/11 de 21 de julio del Registro Civil, aprobada por el anterior Gobierno, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2014.
En el texto en el que está trabajando el Ministerio figura que el Registro Civil quedará en manos de los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello. De hecho, el texto prevé que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos. Actualmente, estas gestiones suponen aproximadamente el 60% de las realizadas en el Registro Civil y otro 20% corresponde a trámites de nacionalidad.
Un millar de registradores de la propiedad ya colaboran con el Ministerio de Justicia para descongestionar las peticiones de nacionalidad que llevaban un retraso de años, lo que provocó un atasco de 400.000 solicitudes y obligó a adoptar esta medida excepcional.

 

¿COMO SERA EL NUEVO REGISTRO CIVIL?

•  Supone un cambio profundo del actual modelo, vigente desde 1957.
• Se crea un registro electrónico único, con una base de datos común para toda España y se sustituye el Registro de hechos por un Registro Civil de personas.
• Cada ciudadano tendrá una ficha personal única, donde constará todo su historial civil. Con la inscripción de nacimiento se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC).
• Los ciudadanos y las distintas Administraciones tendrán acceso telemático a los datos, y se podrán obtener certificaciones por Internet.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley del Registro Civil, que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957.

La nueva Ley, uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta legislatura, configura un Registro Civil moderno, rápido y accesible, único para toda España, aplicando las nuevas tecnologías y adecuado a las necesidades de la ciudadanía. Sustituye los libros físicos de registro por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá consultarlo por Internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del país.

El nuevo Registro, además, se configura como registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código Personal de Ciudadanía (CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.

Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales. Éstas podrán solicitarse personalmente o a través de internet. En todo caso, las Administraciones y los funcionarios públicos tendrán acceso a la información registral, y no necesitarán pedir certificaciones a los ciudadanos, lo cual comportará una reducción de cargas administrativas y convertirá en algo extraordinario la necesidad de acudir personalmente al registro.

Por otra parte, la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización, por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial.

Con ello, se descarga a los jueces de una función impropia, lo que permitirá que puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Además, el Consejo de Ministros ha recibido otro informe del Ministro de Justicia sobre un Anteproyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar el articulado donde se recogen las atribuciones de los juzgados y Tribunales con respecto a sus funciones sobre el Registro Civil, y adaptarlo a la nueva norma.

Las líneas fundamentales en las que se basa el nuevo modelo de Registro Civil son las siguientes:

1. UN REGISTRO CIVIL CENTRADO EN LAS PERSONAS

• El ciudadano como eje central. Los libros tradicionales en los que se registran hechos (nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etcétera) dan paso a un registro individual para cada persona, vinculado a un Código Personal de Ciudadanía, en el que se inscribirán los hechos y actos que le afecten a lo largo de su vida.
• Basado en los principios de igualdad y dignidad. El nuevo modelo se basa en el principio de igualdad entre todos los hombres y mujeres, y en la dignidad como valor esencial de la persona.

2. ÚNICO Y MÁS ACCESIBLE

• Uno para toda España. Se configura como una base de datos única que garantiza la unidad y seguridad de la información y la eficacia en la gestión. Se podrán realizar los trámites en cualquier oficina del Registro Civil del país.
• Electrónico. Los asientos serán informáticos y la firma electrónica se convierte en elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil.
• Acceso por medios telemáticos. Los ciudadanos podrán acceder al Registro para solicitar certificaciones, consultar datos e instar expedientes por Internet.

3. DE SERVICIOS

• Pensado para los ciudadanos. Se minimizan las cargas burocráticas y las comparecencias personales. Con el nuevo sistema sólo de forma excepcional será necesario acudir personalmente al Registro Civil.
• Eficaz. Los centros sanitarios, los Ayuntamientos o los órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones, etcétera.
• Acceso directo de las Administraciones. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro, por lo que no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos.

4. UNA ORGANIZACIÓN MÁS MODERNA

• Desjudicializado. El Registro Civil se configura como órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Los encargados del registro serán funcionarios públicos cualificados. Se descarga a los órganos judiciales de trabajo, permitiendo a los jueces dedicarse a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.
• Simplificación. El nuevo Registro Civil se articula en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas:
• Oficinas Generales. Unidad básica del Registro Civil y encargadas de las funciones ordinarias. En cada Comunidad Autónoma existirá, al menos, una oficina y otra más por cada cincuenta mil habitantes.
• Oficina Central. Su función será inscribir las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, los documentos auténticos extranjeros y encargarse de la cooperación jurídica internacional en materia registral.
• Oficinas Consulares. Son las dependencias del Registro Civil en el extranjero y no varían sustancialmente con respecto al actual modelo.

5. ACORDE AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

• Pluralidad lingüística. Se reconoce el derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado. Los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas.
• Derecho autonómico. Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.

La modernización del Registro Civil es uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta Legislatura, y así lo estableció el Ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2009. Está incluido como una de las prioridades del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2008, y es una promesa electoral del actual Gobierno del PSOE.

TASAS JUDICIALES.¿QUE PIENSAN LOS CIUDADANOS ACERCA DE SU APLICACION?

La atención, y preocupación, públicas que esta Ley ha despertado quedan

reflejadas en el hecho de que el grado de respuesta es masivo en todas las

preguntas planteadas: es este, sencillamente, un tema sobre el que prácticamente

todo el mundo se siente concernido y en condición de opinar.

El 83% de los españoles piensa, de entrada, que no puede haber razones que

justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia, y un porcentaje

similar (79%) cree, en todo caso, que las tasas que establece la nueva Ley son

excesivas. Y es destacable que las respuestas son igualmente masivas entre quienes

han acudido o no alguna vez a un abogado o a un tribunal, así como entre los

votantes de PP y PSOE

 Dos de cada tres españoles (62%) afirman que no exageran quienes afirman que esta

Ley de tasas Judiciales va a dar lugar a una Justicia de ricos y otra de pobres,

quedando entremedias la gran mayoría de la población, sobre la que recaerá en

exclusiva el peso de estas nuevas tasas. Y lo piensa así incluso la clara mayoría (54%

frente a 39%) de los propios votantes del partido gobernante que ha promovido la

Ley

De forma asimismo masiva, los españoles anticipan algunos efectos claramente

negativos y especialmente preocupantes de la nueva Ley: vulneración del derecho a

la tutela judicial efectiva (lo dice el 84%), menor sensación de protección judicial

(lo indica el 83%) y más dificultades en la lucha contra la violencia machista (lo

señala el 77%.

 Por otro lado, de forma ampliamente mayoritaria la ciudadanía se muestra en

desacuerdo con dos de las alegaciones favorables a la nueva Ley que han podido

escucharse: un 68% (frente a un 24%) no cree que esta Ley vaya a contribuir al

mejor funcionamiento de la Justicia, y un 61% sí piensa en cambio que como

consecuencia de la misma van a quedar desatendidas personas que puedan requerir

la tutela judicial

Con este estado general de opinión, no puede extrañar de que forma prácticamente

unánime (90%) los españoles concluyan que el Ministerio de Justicia debería haber

buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la

aprobación urgente y casi sin discusión de una norma contra la que se han

manifestado jueces, abogados y hasta el propio Consejo de Estado

Además, y en el supuesto de que uno de los fines de la nueva Ley pudiera ser

recaudar fondos para financiar la Justicia Gratuita, el 84% de la ciudadanía

considera que es el Estado quien tiene la obligación de financiarla con cargos a los

Presupuestos Generales, y no los usuarios mediante el pago de tasas

Dejo la puerta abierta a nuevas opiniones...

CRITICA Y COMPARATIVA EXPOSICIONES DE MOTIVOS DE LAS LEYES 25/1986 DE 24 DE DICIEMBRE DE SUPRESION DE TASAS JUDICIALES Y LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE TASAS JUDICIALES.

La ley 25/1986 comenzaba en su exposición de motivos subrayando la reconocida libertad, justicia e igualdad como valores superiores del ordenamiento jurídico reconocidos en el artículo primero de nuestra constitución Española.

En base a ello, afirmaba que correspondía a los poderes públicos el efectivo cumplimiento de esos valores, y en concreto, en el ámbito de la administración de justicia, el garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como propugna el artículo 24 de la Constitución.

Es por ello, por lo que, en aras a dar efectividad a éste derecho, se afirmaba que todos los ciudadanos debían de poder obtener justicia, cualquiera que fuera su situación económica o posición social.

Por todos es sabido que han sido varias las leyes que promovían y extendían notoriamente el beneficio a la justicia gratuita para todas aquellas personas que reunieran los requisitos necesarios para poder acogerse a la misma.

Tales son las leyes 34/1984 de 6 de Agosto de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica 14/1983 de 28 de Diciembre de asistencia letrada al detenido y al preso, y la Ley Orgánica 6/1985 de 3 de Julio, del Poder Judicial encargada de dar efectividad a todo ello.

Esta supresión de la tasa Judicial se fundamentaba a grandes rasgos, en que la propia gestión tributaria, se encomendaba al secretario judicial, y por lo tanto se hacía evidente la poca efectividad que tenía la misma, ya que se apartaba al funcionario de sus importantes funciones procesales y de gestión de la oficina judicial que estaba llamado a desempeñar.

Era principalmente por éstos dos motivos, el garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva por igual a todos los ciudadanos, independientemente de la posición social que posean, y el no apartar al secretario judicial de sus funciones procesales estrictas, por lo que se decidía suprimir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en todo aquello que tuviera relación con las actuaciones judiciales y ante el Registro Civil.

Sorprende ver, como en cuestión de unos cuantos años, y mediando cambios en los partidos políticos gobernantes, se puede pasar a un criterio totalmente contrario al expuesto anteriormente, aduciendo razones que en nada se parecen a las asentadas en la ley 25/1986.

Con el cambio de gobierno, se producen modificaciones, recuperándose con la ley 53/2002 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en el ámbito de la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

La misma sufrió modificaciones con la posterior Ley 4/2011 de 24 de marzo de modificación de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil, para facilitar así la aplicación del proceso monitorio Europeo y de escasa cuantía, extendiéndose de ésta manera el pago de la tasa a los procedimientos monitorios, consolidándose con la Ley 37/2001 de 10 de Octubre de Medidas de Agilización Procesal.

Pues bien, ahora nos llega como caída del cielo la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

 

El propio poder legislativo, comienza redactando la misma con casi cinco páginas de Preámbulo; -cuesta creer que el mismo sea más extenso que el propio articulado-, y culmina la misma con un total de 19 Artículos en los que se detalla aplicación, devengo, y gestión de la propia tasa judicial.

 

Los argumentos que esgrime en su citado amplio Preámbulo se apoyan fundamentalmente en la Constitucionalidad reconocida y declarada por el propio Tribunal de la aplicación de las tasas judiciales, haciéndose referencia a la Sentencia 20/2012 de 16 de febrero de 2012 en la que se recogía tal extremo.

 

A lo largo de todo el preámbulo se plasma la pretendida distinción entre la tutela judicial efectiva y el derecho a la justicia gratuita, alegando que la propia constitución, al encomendar al legislador la regulación de la justicia gratuita, reconoce que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia, y que, sólo en aquellos casos en los que la persona acredite no disponer de recursos para litigar, será cuando se ofrezca la gratuidad de la justicia.

 

Se nos intenta hacer ver la no afectación del derecho a acceder a la justicia gratuita con la aplicación de las tasas judiciales, y todo ello fundamentándolo de nuevo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, quien confirma la viabilidad del modelo 696 por el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella, con lo que se deja entrever que realmente no somos todos iguales ante la justicia, puesto que con la aplicación del pago de las tasas judiciales, pagarán más quienes reclamen más, y si no eres beneficiario de la justicia gratuita pero tampoco tienes una economía desahogada que te permita hacer frente al pago de la tasa, no podrás pleitear, con lo que se obstruye, bajo mi modesto punto de vista, el acceso a la tutela judicial efectiva reconocida a todos los ciudadanos por igual ante la ley.

 

Se habla de “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, que no es otra cosa que “limitar” el acceso a la justicia a aquellas personas que puedan permitirse pagar el elevadísimo importe de la tasa correspondiente, más, en su caso, el 0,5 de la cuantía que se reclame, aduciendo que así se aporta mayores recursos económicos con los que, entre otras, se podrá financiar la asistencia jurídica gratuita. Unas por otras…

 

La determinación de la carga tributaria de la tasa, según argumenta la propia ley, no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado, que de nuevo, vuelve a reafirmar lo que es obvio, y es, que aunque se intente hacer ver que el pago de la tasa será proporcional al uso que requieras de la administración de justicia, lo que realmente se deduce de ello es que si el propio contribuyente no tiene medios abundantes para hacer frente al pago de la misma, verá limitado su acceso a la justicia.

 

A mayor abundancia recordemos la doble imposición de recargo, pues, no sólo pagas el importe fijado según el tipo de procedimiento que inicies, sino que a su vez pagarás el 0,5 de la cuantía que reclames, y si a su vez, estás planteando un recurso, pagarás el depósito judicial que se corresponda con el tipo de recurso que plantees.

 

 

En la anterior ley de 24 de Diciembre de 1986 veíamos que se justificaba la supresión de la misma, entre otras, para liberar al secretario judicial de la carga de controlar el pago efectivo de la tasa para la admisión a trámite del procedimiento en cuestión, quitándole tiempo para sus funciones procesales y de gestión de la oficina judicial, pues bien, con ésta nueva ley, intentan hacernos ver que la gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda, pero lo que no se dice, es que de nuevo, será el secretario judicial quien deberá comprobar si efectivamente en cada caso concreto se ha producido el pago de la tasa, luego, se le impone otra carga añadida.

 

En resumidas cuentas, se contradice totalmente los argumentos esgrimidos en una ley y la otra, una se fundamenta en el libre acceso a la justicia gratuita, y en la no obstrucción en el funcionamiento de la administración de justicia, y la otra intenta encubrir la limitación para pleitear basándose en que serán los que más se beneficien de ella quienes habrán de pagar más.

¿No somos todos iguales ante la ley? ¿Ante la justicia? Entonces, ¿porque privar al ciudadano del acceso libre a la misma? Porque no nos equivoquemos, con ésta nueva ley no somos todos iguales ante la justicia, porque sólo podrán beneficiarse de ella quien ostenten una economía más desahogada para poder hacer frente a las abusivas cantidades que se solicitan como requisito previo para pleitear.

 

Parece que poco a poco se va limitando el acceso, ya lo vimos en la ley 37/2011 cuando se suprimió las apelaciones en los verbales cuya cuantía no superase los 3.000 euros, ¿cuál es el argumento que da justificación a éste hecho? ¿Que 3.000 euros no son suficientes como para poder tener acceso a un ulterior recurso?.

El gobierno pretende que la justicia sea sólo para los ricos, o para aquellos que puedan acogerse a la Justicia Gratuita, pero, ¿y que pasa con aquellas personas de economía media que no estén ni en una situación ni en otra? Pues que a todos aquellos se les privará del derecho fundamental reconocido en el Artículo 24 de la constitución.

Con la ley 10/2012 en vigor, la Justicia ya no es para todos, sino sólo para aquellos que se la puedan permitir.

 

 

 

 

 

GALLARDON DEFIENDE EL CARACTER "INSUSTITUIBLE" DE LA PROCURA, A LA QUE SE LE DARÁN NUEVAS COMPETENCIAS.

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    El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha destacado la importancia del papel que jugarán los procuradores y ha asegurado que asumirán nuevas funciones. "No tiene sentido que no aprovechemos un Cuerpo de profesionales excelentemente formado y que puede desarrollar funciones determinantes para conseguir una Justicia más ágil y eficaz", ha recalcado.

   Así, la nueva Ley de Mediación de asuntos civiles y mercantiles establece que para un acuerdo de mediación o laudo arbitral se requiere la intervención de abogado y de procurador.

   El ministro ha defendido también la participación de los procuradores en los actos de ejecución y comunicación y ha planteado su incorporación en materia de auxilio judicial internacional.

  "Consolidaremos un papel institucional de la Procura, vinculado directamente al ejercicio de jurisdicción, que despejará toda duda que pueda haber desde cualquier ámbito que se plantee sobre el carácter insustituible de los procuradores en la deriva de todo el procedimiento jurisdiccional", ha concluido

Los procuradores ampliarán su elenco de funciones, lo que calificaron como "una agilización de la justicia histórica sin incremento de costes". El ministro de Justicia, hizo ese anuncio en el XIII Congreso Nacional de Procuradores, que se inauguró ayer en Córdoba, en el que avanzó que otorgará a estos profesionales un papel más relevante en el sistema judicial, puesto que asumirán funciones de notificaciones y embargos a nivel nacional y también las de agentes de ejecución de sentencias, una figura existente en otros países de Europa.

El ministro negó que su apuesta por la resolución extrajudicial de conflictos vaya en detrimento de los procuradores, a los que considera "infrautilizados" en función de sus conocimientos jurídicos, implantación en España e infraestructura disponible. La reforma procesal de 2009, recordó el ministro, ya otorgó a los procuradores funciones en materia de citaciones y emplazamientos, un "buen camino" que su departamento está decidido a continuar.

Función comunicadora

Esta profundización del procurador como agente comunicador dentro del procedimiento judicial es positivo, según Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, porque permitirá acortar a días lo que ahora la administración de justicia tarda en realizar "meses". Estimó que esta media puede "coadyuvar" a la mejora del sistema judicial sin incrementar los costes. Estévez estimó que en un procedimiento tipo la asunción de este rol podría ahorrar a las partes un tiempo de diez meses. Justicia piensa que ésta puede ser una alternativa ante la imposibilidad de incrementar personal en la administración judicial.

Ejecución

En lo que se refiere a la ejecución de sentencias, Gallardón recordó que la función privativa de los jueces es juzgar, pero no que tengan que ejecutar las sentencias, una tarea que Justicia pretende asignar a los procuradores. Se realizaría a través de una encomienda judicial, como ya sucede en el ámbito tributario.

Los procuradores entienden que el funcionamiento de la justicia no tiene nada que envidiar, sobre todo en la jurisdicción civil, al de otros países de su entorno, pero los problemas vienen a la hora de ejecutar las sentencias. "Una sentencia en sí misma no resuelve el quebranto causado", subrayó el ministro, que apostó por reforzar con nuevas atribuciones a los procuradores.

En otro orden de cosas, el presidente de los procuradores explicó que el colectivo ha puesto a disposición del Ministerio de Justicia su nueva plataforma tecnológica Sireno, que está preparada para permitir a cualquier procurador iniciar un procedimiento desde su despacho por medios telemáticos. Este sistema comenzará a funcionar "en semanas" para las causas presentadas ante la Audiencia Nacional y posteriormente se extenderán a otras instancias judiciales. Gallardón alabó el esfuerzo inversor de los procuradores, que tendrán que hacer en el futuro otros colectivos más "rezagados". Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Supremo, excuso su participación prevista en el acto inaugural.

INAUGURACION CONFERENCIA ANUAL DE PRESIDENTES QUE INTEGRAN LA UNION INTERNACIONAL DE HUSSIERS DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia Español acudió a la misma y pronunció un discurso, del que cabe destacar lo siguiente:

-Hay que disipar, de una vez por todas, las dudas sobre el futuro de la profesión de procurador.
-Estamos en pleno periodo de transformación y es necesaria la competitividad.
- Los procuradores asumirán nuevas y distintas funciones, pero manteniendo siempre la representación.
- Se ha modificado la Ley de Mediación para que puedan tener entrada los procuradores, que han de ser protagonistas importantes en esta cuestión.
- Avanzaremos en otorgarles a los procuradores mayores competencias en el ámbito de la ejecución y de los actos de comunicación, consolidando, al propio tiempo, la representación procesal.
- En el modelo español de Justicia, el procurador es insustituible.
- La red de Colegios de Procuradores es una herramienta imprescindible para llegar a todos los puntos de la geografía española.
- El Ministerio está estudiando fórmulas para que el auxilio judicial entre países, se lleve a efecto, en España, a través de los procuradores.

Buenas noticias para la procura!

TASAS JUDICIALES. "EN PRINCIPIO" NO SE PAGARÁN CON CARACTER RETROACTIVO.

Justicia dice que “en principio” las tasas no se pagarán retroactivamente aunque hay que esperar a la orden de Hacienda  Anuncia que en los próximos días se producirá la aprobación de esa orden ministerial de Hacienda. El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha afirmado que “en principio” el pago de las nuevas tasas judiciales no se aplicará con efectos retroactivos, aunque es necesario esperar al “desarrollo complementario” que lleve a cabo el Ministerio de Hacienda y que permitirá que la norma tenga “plena efectividad”. Antes de intervenir en la Comisión de Presupuestos del Senado, Román ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre la petición del PSOE de aprobar un decreto ley que suspenda la aplicación de la ley de tasas judiciales para que el gravamen no se practique de forma retroactiva. Al ser cuestionado si se aplicará con carácter retroactivo, el número dos de Justicia ha respondido: “entendemos en principio que no pero estaremos a lo que, en los próximos días, veamos en la implementación de esa ley que ya está en vigor”. “Toda norma puede llevar en su caso un desarrollo complementario que es necesario para su plena efectividad y en los próximos días se producirá la aprobación de esa orden ministerial de Hacienda”, ha agregado. En esta línea, ha sostenido que “cualquier norma, por regla general, puede llevar consigo una necesidad de una actuación complementaria y en breves días estará disponible”. Justicia niega privatización y afán recaudatorio. La polémica sobre las tasas judiciales se ha colado en la presentación de los presupuestos del Ministerio en la Cámara Alta. Así, los grupos de la oposición han cargado contra el “tasazo” y han advertido de que el Gobierno ha conseguido “el hito histórico” de conseguir “una contestación global” por parte de todos colectivos profesionales. “No se trata de una respuesta gremial o corporativa, sino de una respuesta de quien tiene mayor conocimiento de las consecuencias que el Gobierno está aplicando en este ámbito y lo hacen en defensa de los intereses de la sociedad”, han afirmado, para zanjar: “Tasar la Justicia es tasar los derechos”. A este respecto, el secretario de Estado ha negado “rotundamente” que se esté llevando a cabo una “privatización” del sistema de la Justicia y ha rechazado que la norma tenga “un afán recaudatorio”. “Lo lógico es en ese gran debate ideológico del que hablaba pensar que no todo conflicto entre personas lo tiene que resolver un juez en este país, hay otros técnicos cualificados, otros profesionales expertos, que pueden asumir funciones para resolver conflictos entre los ciudadanos”, ha indicado. “Y sólo lo más grave, lo más importante quizás, sea lo que tenga que llegar a ser resuelto por un juez”, ha replicado Román al senador socialista Arcadio Díaz-Tejera, para afirmar que el actual modelo está “agotado”. Según ha dicho, el “objetivo número uno” es garantizar que las personas sin recursos accedan a la Justicia, pero es necesario racionalizar el servicio en unos momentos de graves dificultades económicas. En esta línea, la senadora del PP Silvia Franco ha rechazado el “riesgo de privatización” de la Justicia y ha defendido el carácter “austero” pero “responsable” de las cuentas de uno de los Ministerios que menos ha sufrido el recorte presupuestario y que mantienen el gasto en Justicia Gratuita y en Asistencia a las víctimas. La crítica unánime debe hacer reflexionar al Gobierno. Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Arcadio Díaz-Tejera, ha advertido de que las recaudaciones del “tasazo” permitirán sufragar “lo que era un servicio público y que cada vez será más privado porque habrá menos personas que puedan acudir a ese juez imparcial que resuelva el conflicto”. Desde el Grupo Mixto, el senador Jesús Iglesias ha advertido de que las tasas no se adecuan a la “realidad de conflicto” que vive la sociedad y que el “ruido de togas” ha sido la expresión de ese malestar. “En la Justicia nunca ha habido una contestación global como la que ahora hay por parte de todos los colectivos”, ha remachado. A su entender, el Gobierno incurre en “riesgos políticos, jurídicos y constitucionales” con una ley de tasas que afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El senador de Entesa pel Progrés de Catalunya Rafel Brugera ha subrayado que Justicia ha conseguido el “hito histórico” de que “todos estén manifestándose hoy contra las tasas”. “Debería llevarles a algún tipo de reflexión y corrección”, ha concluido. Precisamente, los jueces y fiscales se concentran este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de las capitales de provincia para protestar por la “grave” situación que atraviesa la Administración de Justicia y las reformas legislativas, como la ley de tasas judiciales.

EL MINISTRO ENUMERA LOS PROCESOS EN LOS QUE SE APLICARA LA LEY DE MEDIACION.

Se podrán resolver en un mes conflictos que en los tribunales pueden demorarse años.

La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (LA LEY 12142/2012), publicada en el BOE el pasado 7 de julio, está a punto de echar a rodar mediante la promulgación de dos reales decretos que crearán el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, fijarán la formación específica que necesitarán estos operadores y establecerán la mediación a través de medios electrónicos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha enumerado hoy, en la Asamblea General de Cámaras de Comercio, los procesos en los que podrá aplicarse esta herramienta con la que se prevé que la resolución de los conflictos no se demore más de un mes frente a los varios años que suele suponer un proceso judicial.

La mediación, a la que siempre se acudirá de manera voluntaria, podrá ser el mecanismo para solucionar los conflictos que en el ámbito mercantil se produzcan entre empresas y sus proveedores y clientes, así como entre los propios socios. Entre los casos en los que se podría aplicar la mediación figuran:

- Asuntos de familia

- Reclamaciones por seguros

- Reclamaciones de responsabilidad civil

- Conflictos sucesorios

- Conflictos dentro de la empresa familiar (grande o pequeña)

- Conflictos entre socios en la pequeña y mediana empresa

- Conflictos en las relaciones mercantiles entre empresas, con clientes y proveedores

- Conflictos entre empresas franquiciadoras y franquiciadas

- Arrendamientos de locales entre empresas, como centros comerciales

La mediación presenta varias ventajas respecto a los tribunales, ya que no sólo se ahorrarán las tasas, sino también el abogado y procurador que son imprescindibles en los procesos judiciales.

El ahorro dependerá de cada caso, pero las Cámaras ya ofertan en su web un servicio de mediación desde 160 euros, y con un compromiso de resolución en un plazo de un mes.

Extenderse a más jurisdicciones

Aunque la ley de momento sólo prevé la mediación en el ámbito Civil y Mercantil, el Ministerio de Justicia ya trabaja en otros ámbitos, como el Penal o el Contencioso-Administrativo. Se ha empezado por el Civil y Mercantil porque son la esfera natural y propia de las relaciones entre particulares, entre ciudadanos y/o empresarios. Es un ámbito especialmente sugerente para encontrar el acercamiento de posturas y superar un conflicto entre dos partes.

Además, la empresa española necesita en estos momentos todo el apoyo que sea posible para ganar en competitividad a través de un marco de seguridad jurídica óptimo para el crecimiento de su actividad. Entre los proyectos en los que se trabaja con este objetivo destaca el Código Mercantil, que dotará a nuestras empresas de un régimen jurídico adaptado a la realidad del tráfico económico actual.

La Ley de Mediación, junto a la Ley de Tasas, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita o la futura ley de Jurisdicción Voluntaria obedecen a una misma concepción: lograr que el derecho a la tutela judicial efectiva sea real. Es imprescindible asumir una nueva cultura de la Administración de Justicia que reserve a los jueces el conocimiento de las cuestiones verdaderamente relevantes e irresolubles por otras vías, porque en los últimos años se han empleado muchos recursos económicos para incrementar los medios materiales y personales de la Administración de Justicia pero sigue sin funcionar como debiera.

De ahí que resulte necesario contar con otros operadores jurídicos para garantizar que la intervención de los jueces se produzca sólo allí donde sea imprescindible. El objetivo no es reducir costes, sino permitir una asignación más eficiente de los recursos de los que se dispone.

Así lo demuestra la experiencia europea, que es positiva y guarda relación con el menor volumen de litigiosidad que tienen otros países comparados con España. Francia, que con 19 millones de habitantes más tiene 3 millones de expedientes judiciales al año menos, es precisamente uno de los países donde más profundamente se ha implantado la mediación.

Es llamativo que España haya vivido hasta ahora al margen de la mediación pese a los informes del Consejo de Europa, en los que se pone de manifiesto el escaso desarrollo en nuestro país y se compara la situación con la de Turquía, Georgia, Armenia y Andorra.

Los dos reales decretos que desarrollarán la ley se trasladarán ahora a los ministerios y otros sectores afectados para recabar su opinión. Uno de ellos establecerá los requisitos de formación necesarios para ejercer la mediación y el otro pondrá en marcha la mediación por medios electrónicos, con la que se solucionarán los conflictos que puedan surgir entre partes alejadas geográficamente o con personas con discapacidad.

Los mediadores podrán ser localizados en atención a su especialidad a través del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación que el Ministerio de Justicia dará a conocer a través de su página web.