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miércoles, 12 de junio de 2013

NUEVAS COMPETENCIAS PROCURADORES



I. Antecedentes históricos.
Ya en 1997, el Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, resaltaba la importancia de conceder a los procuradores nuevas competencias en el ámbito de los actos de comunicación y de ejecución de sentencias. La posterior LEC 1/2000, apenas recogió estos consejos, aunque de alguna manera sí fue anticipando lo que posteriores reformas legislativas irían plasmando. Así, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya introdujo, a través de los juicios rápidos, la posibilidad de que los procuradores realizaran actos de comunicación. Otro hito importante fue la aparición de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que aproximaba ya, mucho más, las competencias de los procuradores a lo dispuesto en el Libro Blanco. De este modo, y a través de este brevísimo resumen histórico, llega el XIII Congreso Nacional de los Procuradores, celebrado en Córdoba, en junio de 2012. Allí, solicitamos al actual Ministro de Justicia que tomara la iniciativa para seguir evolucionando en esta materia. El Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Gallardón, recogió el guante y puso a su Ministerio a trabajar en este reto, cuya consecuencia es el Anteproyecto de Ley que estamos examinando.
II. Derecho comparado.
En todos los países de nuestro entorno, existen unos profesionales liberales encargados de llevar a cabo los actos de comunicación y la ejecución de las sentencias. Son los que conocemos como “Agentes de Ejecución”. Pues bien, el Anteproyecto acerca a los procuradores, de una manera muy notoria, a esta figura, encuadrada, por otra parte, dentro de una organización de nivel mundial denominada Unión Internacional de Huissiers de Justicia, de la cual los procuradores formamos parte integrante como miembro de pleno derecho y con reconocimiento a nuestra capacidad de certificación y de ejecución.
III. La reforma de la LEC.
Entiendo que esta reforma se enmarca dentro de la política del actual Ministro de Justicia de modernización y agilización de las estructuras que conforman la Administración de Justicia. En cuanto a las facultades y nuevas funciones que se otorgan a los procuradores, es muy de destacar que sean considerados como Agentes de la Autoridad, para todas aquellas funciones que realicen dentro del ámbito de lo público, y por delegación del Tribunal, o más concretamente, del Secretario del mismo. De este modo, podremos llevar a efectos los actos de comunicación sin necesidad de ir acompañados de testigos. Podremos llevar a efecto diligencias de embargo o, resumiendo, toda clase de actos de comunicación y la mayor parte de funciones de ejecución.
IV. Consecuencias y futuro.
El resultado final será agilizar los tiempos muertos en la tramitación de los procesos. A modo de ejemplo, una citación que los servicios de la Administración de Justicia puede demorarse 1 ó 2 meses, los procuradores las llevaremos a efecto en 1 ó 2 días. Ello conllevará una considerable mejora para la ciudadanía, pues según dispone la propia Ley, el litigante podrá elegir la utilización gratuita del sistema tradicional (a través de los servicios de la Administración de Justicia), o bien la diseñada por la reforma, a través de su procurador, con la celeridad que ello va a suponer, si bien a cambio de un pequeñísimo incremento de coste en su proceso (del orden del 1% del coste total del proceso). No hay que olvidar que la Justicia española no es tan mala, como muchos se piensan, en sus tiempos de tramitación, comparativamente con otros países adelantados, pero sí es de inferior velocidad en cuanto a la ejecución de las sentencias y tramite de actos de comunicación. Esto es lo que los procuradores pretendemos y vamos a solucionar. Les tocará a nuestros Colegios y Consejos habilitar todas las medidas para dar un exquisito servicio y llenar de contenido las nuevas funciones que se nos otorgan.
V. Conclusión.
La reforma se enmarca en tres ejes fundamentales, como ya se han dejado dicho: a) Reforma integral de la Administración de Justicia española, que ya se ha ido iniciando y se irá completando con el advenimiento de la LOPJ, la de Planta y Demarcación Judicial, la de Jurisdicción Voluntaria, etc. b) Aproximación de nuestro sistema judicial al de los demás países adelantados, tanto de la Unión Europea, como de fuera de ella. c) Aproximación de la Justicia al ciudadano, con mejora de su calidad y de sus tiempos de tramitación, lo que notoriamente debe incidir, de manera muy positiva, como herramienta de corrección y mejora para solventar la actual crisis económica.
Es por todo ello que felicito al Gobierno de España, al Ministerio de Justicia y a su equipo por llevar adelante esta iniciativa, que los procuradores venimos demandando hace mucho tiempo, y que no puede tener más consecuencia que una mejora del servicio público y de atención al ciudadano, a quien, en definitiva, todos nos debemos.

viernes, 17 de mayo de 2013

PROCURADORES. ELOGIOS DE UN JUEZ.

 “Elogios de un juez”, Enrique López
ENEWSLETTER CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA
En estos días se habla mucho de justicia y de asuntos racionados con la Justicia, pero es obvio que lo que nunca debe hacer un juez es valorar la labor de otro juez, salvo que lo haga en el proceso, y como consecuencia del uso de los pertinentes recursos. Pero si me gustaría hablar de jueces, abogados, procuradores, etc., y sus relaciones.

En 1935 el catedrático de la Universidad de Florencia, Pietro Calamandrei, escribió su famoso «Elogio de los jueces escrito por un abogado», obra que sigue teniendo una gran actualidad, y que debería ser de obligada lectura para todo profesional relacionado con el derecho, en él se vierten unas acertadas reflexiones sobre las relaciones entre la abogacía y la judicatura, y de estos con la Justicia.

Creo que ya es hora que desde la órbita de un juez se haga también un elogio al resto de los profesionales del mundo del Derecho. Los jueces a veces nos creemos los dueños del proceso, confundiendo dirección y decisión con protagonismo, interés con relevancia, momento en el cual se pierde la imparcialidad y se participa en el sentido más estricto de la palabra. Los jueces como los árbitros cuanto más inadvertidos pasen, mejor, lo importante son sus decisiones y nada más. El juez debe sentirse siempre acompañado en el proceso, y en este camino están los abogados y procuradores, además del fiscal, y resto del personal al servicio de la Administración; sentirse dueño de este tinglado es un poco arrogante.

En este sentido, me gustaría referirme en especial a los PROCURADORES, una figura en revisión en los momentos actuales; muchos son los que se preguntan por la naturaleza de su función, y a algunos incluso cuestionan su propia existencia. Los que conocemos la Justicia desde dentro valoramos mucho su función, pero es el momento de apostar por un nuevo procurador, el cual además de representante de la partes, se convierta en un auténtico auxiliar de la justicia, un auténtico colaborador, descargando a la Administración de Justicia de infinidad de cometidos, que en sus manos pueden ser llevados a cabo de una forma encomiable.

En este sentido, se debe apostar porque el procurador tenga un papel definitivo en la fase de ejecución de las sentencias, en las notificaciones, emplazamientos, etc., de tal modo que descargue a la Administración de Justicia de estas tareas, pudiendo concentrar sus recursos en otros cometidos. Vemos que, en realidad, el debate sobre si la profesión de procurador de los tribunales resulta necesaria o superflua y prescindible, parte de la base de las competencias que actualmente ejercen. Y ese es un debate de corto recorrido porque lo que realmente interesa saber es si nos podemos permitir el lujo de prescindir de unos profesionales del Derecho con formación jurídica de carácter superior en una Administración de Justicia cada vez más compleja y que, precisamente por ello, aspira a organizarse en áreas de especialización, tanto en el ámbito del proceso como en la gestión de los recursos. Su papel en la ejecución puede resultar básico, en tanto en cuanto puede encargase el embargo de bienes, y su ejecución y venta; se debe apostar por el procurador como agente comunicador dentro del procedimiento judicial, de tal suerte que permitirá acortar a días lo que ahora la Administración de Justicia tarda en realizar meses. Estimo que esta medida puede coadyuvar a la mejora del sistema judicial sin incrementar los costes.
En definitiva, desde el mundo de la Justicia tenemos que entender que este reforzamiento del papel del procurador es una buena noticia, y no hace más que recoger lo que ya se produce en países como Alemania, Francia o Portugal. El buen trabajo de los abogados, procuradores, graduados sociales, repercute en positivo en el trabajo de los propios jueces, los cuales no sentiremos muy beneficiados por su labor.
No hay nada más alejado de la función judicial que un juez que se cree dueño del proceso y que lo utiliza para ganar protagonismo, apartándose ostensiblemente con ello de su principal función, administrar justicia. Algunos se creen los protagonistas de la película, considerando que los demás somos meros figurantes, necesarios para que se pueda hablar de un sistema y esto no está bien. Desde el mundo de la judicatura también se debe hacer un elogio del resto de los profesionales, y para ello resulta fundamental la lectura de la obra de Calamandrei, que como he adelantado debería ser de obligada lectura.
En estos momentos, España está sumida en una mar de problemas, pero a su vez abierta a multitud de soluciones, y por ello es necesario no añadir más problemas, algunos generados de forma artificial. Como decía Churchill en un momento difícil cada uno debe hacer lo que sabe hacer y nada más, que no es poco. Por ello algunos deberían dejar de hacer lo que hacen, porque lo hacen muy mal.

martes, 8 de enero de 2013

PROYECTO LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES.LA INCOMPATIBILIDAD ABOGADO PROCURADOR SEGUIRÁ EXISTIENDO


El proyecto de Ley de Servicios Profesionales en el que trabaja Economía reduce drásticamente el número de colegios de abogados, obliga a colegiarse sólo a los letrados que actúan ante los tribunales y elimina el examen de acceso a la profesión.
 
Por si fueran pocos los frentes que tienen abiertos gran parte de los actores jurídicos, como la rotunda oposición a la ley de tasas, el descontento con la reforma del CGPJ que podría derivar en una huelga de jueces o las protestas de los secretarios judiciales, la Ley de Servicios Profesionales (LSP) está sembrando nuevos malestares en el mundo jurídico.
El borrador del anteproyecto de esta ley supone una revolución para muchas profesiones, incluida la de los abogados, con cerca de 200.000 colegiados en toda España.
El Ministerio de Economía dice que es una reforma necesaria para mejorar la competitividad de un sector (el de los servicios profesionales) que supone alrededor del 30% del empleo universitario.

En lo que respecta a los abogados y procuradores, hay al menos cinco o seis cambios que tienen especial relevancia. Quizás el que era más llamativo a priori, que suprimía la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador, es el que no va a salir adelante. Según fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por EXPANSIÓN, este departamento ministerial está trabajando en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar la función del procurador como auxiliar de la Administración, sobre todo en materia de notificaciones y de ejecución en procedimientos de embargos, con lo que finalmente la incompatibilidad entre ambas profesiones seguirá existiendo.
Sin embargo otros importantes cambios si podrían ver la luz, como una reducción de los 83 colegios de abogados actuales. Aunque el borrador habla de pasar a colegios autonómicos, este diario ha confirmado que al final podrán ser provinciales, con lo que habría un máximo de 52.
Otro cambio significativo es que, según el borrador, sólo tendrán obligación de colegiarse los abogados que actúen ante los tribunales y no todos en general, como apunta el Estatuto de la Abogacía.
Por otra parte, los decanos de los colegios tendrán incompatibilidades con puestos directivos, se establece el voto ponderado de colegios en los Consejos y se elimina el examen de acceso a la profesión.

1.Sólo los letrados que ejerzan ante el juez se tendrán que colegiar
Aunque la colegiación de los abogados ya era necesaria para actuar ante los tribunales según el artículo 544.2 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, lo que se ha filtrado del borrador del anteproyecto de la LSP dice que la colegiación será obligatoria sólo para los letrados que actúen ante jueces y tribunales.
De confirmarse lo que refleja este documento, la colegiación dejaría de ser obligatoria para el ejercicio general de la abogacía, como apuntaba desde 2001 el artículo 11 del Estatuto General de la Abogacía. Por tanto, muchos de los letrados que ahora ejercen la profesión pero que nunca actúan ante un juez, podrían darse de baja como colegiados. Sin embargo, otras fuentes apuntan que la colegiación seguirá siendo obligatoria para todos los abogados, y no sólo para los que actúen ante tribunales, que sería sólo el caso de los graduados sociales.

2. De los 83 colegios actuales se pasará a sólo uno por provincia
Además de la probable caída del número de colegiados si finalmente sólo es obligatorio para los que actúan ante los tribunales, los colegios también han recibido como un jarro de agua fría el punto del borrador de la LSP que afirma que “la regla general será que el colegio sea autonómico, y excepcionalmente, de ámbito provincial”.
En la práctica, esta medida supondría que los 83 colegios actuales se transformarían para ser sólo 17, uno por comunidad autónoma. Sin embargo, según ha podido confirmar EXPANSIÓN, la palabra “excepcionalmente” que incluía el borrador en este apartado se eliminará, con lo que al final la reducción quedará probablemente en 52 colegios, uno por provincia (a no ser que algunas instituciones prefieran unirse en una autonómica, hecho poco probable). El CGAE ya ha convocado un pleno para esta semana para tratar esto y otros asuntos de la LSP.

3.Los grandes tendrán el control del Consejo de la Abogacía
Otra revolución llega al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Hasta ahora, para elegir al presidente de la institución que integra a todos los abogados de España, cada uno de los 83 colegios que componen el CGAE (luego serían 52) tenían el mismo voto en los comicios.
Sin embargo, si se culmina lo adelantado por el borrador de la LSP, se establecerá el voto ponderado de los colegios en los Consejos Generales, en función del número de miembros. Por lo tanto, cambiarán las tornas en el Consejo, ya que los pequeños perderán la fuerza que estaban ostentando hasta el momento, apoyando en las últimas votaciones, por ejemplo, a Carlos Carnicer, y los grandes colegios como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga –con la mayoría de colegiados de España– verán colmadas sus demandas de tener más peso, e incluso controlar, el CGAE.

4.Los decanos sufrirán a partir de ahora incompatibilidades
Otra de las novedades importantes que se derivan del borrador de la LSP es que se establece la incompatibilidad de ostentar cargos directivos en organizaciones colegiales con ser cargo político o titular de órganos directivos de las partidos políticos, Administraciones Públicas, sindicatos u organizaciones empresariales.
El cambio es significativo porque una gran parte de los decanos de los colegios de abogados de España son a su vez socios directores de sus propios bufetes, ya sean personalistas o pequeños o medianos despachos colectivos. Habrá que ver cómo se desarrolla finalmente este apartado en esta ley, pero a priori se podrá ser socio, pero no tener un puesto directivo en una empresa de servicios jurídicos, si se establece de forma similar a como sucede en otros sectores que sufren incompatibilidades.

5. No habrá examen tras el máster de acceso a la abogacía
Enésima vuelta de tuerca a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador, la que ha tenido una mayor vacatio legis de la democracia –prórroga de cinco años desde que se aprobó hasta que entró en vigor–. Si todo parecía en calma tras modificarse la ley y eximir a todos los licenciados en Derecho, y tras empezar el pasado septiembre los primeros másteres de acceso, que incluyen un periodo lectivo y otro de prácticas profesionales, el borrador de la LSP elimina el examen estatal de acceso tras finalizar el máster.
Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado a este diario que este departamento ha dado el visto bueno al texto de Economía, con lo que no habrá ningún examen para ser abogado, sino sólo el máster, que no desaparecerá. Se tendrá que modificar, por tanto, la Ley 34/2006 y el posterior reglamento.

6.Procuradores y letrados, juntos pero no revueltos
Aunque el borrador del proyecto de la LSP apuntaba a la supresión de la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de abogado y procurador, no será así finalmente, según fuentes de EXPANSIÓN.
El propio borrador de Economía afirmaba que no era justificado que la representación y defensa en juicio no puedan ejercerse por la misma persona, incluso cuando ya se permite en lo contencioso-administrativo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado a este diario que el hecho de que los abogados pudieran ejercer de procurador puede generar problemas de incompatibilidad. Además, Justicia está trabajando en la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar la función del procurador como auxiliar de la Administración, sobre todo en materia de notificaciones y de ejecución en procedimientos de embargos

miércoles, 26 de diciembre de 2012

LOS ABOGADOS DE ALICANTE SE REVELAN CONTRA LAS TASAS JUDICIALES Y PAGAN SOLO UN EURO

Algunos abogados de Alicante han iniciado su particular cruzada en contra de las tasas judiciales aprobadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Han comenzado a adjuntar a sus demandas y recursos el modelo de la Agencia Estatal Tributaria (AET) requerido, pero con un 1 en la casilla sobre la cuantía, tras haber consignado religiosamente un euro en la cuenta bancaria correspondiente.
Otros letrados han rellenado ese vacío con un rotundo 0, como explicó ayer el decano del Colegio de Abogados de Alicante (Icali), Fernando Candela, tras presidir la concentración que decenas de compañeros, funcionarios, jueces, fiscales y secretarios celebraron a las puertas del Palacio de Justicia de Benalúa contra las nuevas cargas y el resto de medidas adoptadas en este sector por el Gobierno.
«Esta es una respuesta de todos los operadores jurídicos contra el ministro Gallardón, que solo pretende recaudar y alejar la Justicia de los ciudadanos», aseguró a los medios Candela. «Algunos compañeros están presentando escritos con tasa 0 ó tasa 1 euros. Nosotros estamos defendiendo a los ciudadanos, que es a quienes afectan en realidad las tasas porque va a encarecer su acceso a la Justicia o directamente a impedirlo», agregó.
El decano dijo haber tenido ya conocimiento de algún caso que ilustra esas trabas: «Un compañero me contó que quería apelar una sentencia civil y no va a poder hacerlo porque el cliente no tiene derecho a la justicia gratuita pero tampoco dispone de los 800 euros de la tasa. El recurso tenía visos de prosperar. Es un ejemplo de las muchas situaciones que se van a dar en adelante».
Por ahora, la mayoría de abogados y procuradores están haciendo caso omiso a la ley de tasas judiciales en la provincia, según coinciden todas las fuentes de distintos colectivos profesionales consultados por este periódico. Esperan a que el secretario del juzgado al que van dirigido los escritos les requieran el pago. Si es que lo hacen, pues algunos de los secretarios ya han advertido que no piensan remitir dichos requerimientos.
Otros letrados, en cambio, han decidido plantear directamente la inconstitucionalidad de la normativa, lo que puede conllevar un efecto no deseado: la paralización total del procedimiento.
La protesta registrada ayer en Benalúa se convirtió en la más multitudinaria de cuantas se han convocado desde que Gallardón anunció sus polémicas medidas. Los abogados, algunos de ellos ataviados con togas, llevaban una pancarta donde se leía «Justicia para todos», en tanto que los funcionarios clamaban contra los recortes en el sector.
 

lunes, 3 de diciembre de 2012

GALLARDON DEFIENDE EL CARACTER "INSUSTITUIBLE" DE LA PROCURA, A LA QUE SE LE DARÁN NUEVAS COMPETENCIAS.

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    El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha destacado la importancia del papel que jugarán los procuradores y ha asegurado que asumirán nuevas funciones. "No tiene sentido que no aprovechemos un Cuerpo de profesionales excelentemente formado y que puede desarrollar funciones determinantes para conseguir una Justicia más ágil y eficaz", ha recalcado.
   Así, la nueva Ley de Mediación de asuntos civiles y mercantiles establece que para un acuerdo de mediación o laudo arbitral se requiere la intervención de abogado y de procurador.
   El ministro ha defendido también la participación de los procuradores en los actos de ejecución y comunicación y ha planteado su incorporación en materia de auxilio judicial internacional.


  "Consolidaremos un papel institucional de la Procura, vinculado directamente al ejercicio de jurisdicción, que despejará toda duda que pueda haber desde cualquier ámbito que se plantee sobre el carácter insustituible de los procuradores en la deriva de todo el procedimiento jurisdiccional", ha concluido
Los procuradores ampliarán su elenco de funciones, lo que calificaron como "una agilización de la justicia histórica sin incremento de costes". El ministro de Justicia, hizo ese anuncio en el XIII Congreso Nacional de Procuradores, que se inauguró ayer en Córdoba, en el que avanzó que otorgará a estos profesionales un papel más relevante en el sistema judicial, puesto que asumirán funciones de notificaciones y embargos a nivel nacional y también las de agentes de ejecución de sentencias, una figura existente en otros países de Europa.
El ministro negó que su apuesta por la resolución extrajudicial de conflictos vaya en detrimento de los procuradores, a los que considera "infrautilizados" en función de sus conocimientos jurídicos, implantación en España e infraestructura disponible. La reforma procesal de 2009, recordó el ministro, ya otorgó a los procuradores funciones en materia de citaciones y emplazamientos, un "buen camino" que su departamento está decidido a continuar.
Función comunicadora
Esta profundización del procurador como agente comunicador dentro del procedimiento judicial es positivo, según Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, porque permitirá acortar a días lo que ahora la administración de justicia tarda en realizar "meses". Estimó que esta media puede "coadyuvar" a la mejora del sistema judicial sin incrementar los costes. Estévez estimó que en un procedimiento tipo la asunción de este rol podría ahorrar a las partes un tiempo de diez meses. Justicia piensa que ésta puede ser una alternativa ante la imposibilidad de incrementar personal en la administración judicial.
Ejecución
En lo que se refiere a la ejecución de sentencias, Gallardón recordó que la función privativa de los jueces es juzgar, pero no que tengan que ejecutar las sentencias, una tarea que Justicia pretende asignar a los procuradores. Se realizaría a través de una encomienda judicial, como ya sucede en el ámbito tributario.
Los procuradores entienden que el funcionamiento de la justicia no tiene nada que envidiar, sobre todo en la jurisdicción civil, al de otros países de su entorno, pero los problemas vienen a la hora de ejecutar las sentencias. "Una sentencia en sí misma no resuelve el quebranto causado", subrayó el ministro, que apostó por reforzar con nuevas atribuciones a los procuradores.
En otro orden de cosas, el presidente de los procuradores explicó que el colectivo ha puesto a disposición del Ministerio de Justicia su nueva plataforma tecnológica Sireno, que está preparada para permitir a cualquier procurador iniciar un procedimiento desde su despacho por medios telemáticos. Este sistema comenzará a funcionar "en semanas" para las causas presentadas ante la Audiencia Nacional y posteriormente se extenderán a otras instancias judiciales. Gallardón alabó el esfuerzo inversor de los procuradores, que tendrán que hacer en el futuro otros colectivos más "rezagados". Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Supremo, excuso su participación prevista en el acto inaugural.

INAUGURACION CONFERENCIA ANUAL DE PRESIDENTES QUE INTEGRAN LA UNION INTERNACIONAL DE HUSSIERS DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia Español acudió a la misma y pronunció un discurso, del que cabe destacar lo siguiente:

-Hay que disipar, de una vez por todas, las dudas sobre el futuro de la profesión de procurador.
-Estamos en pleno periodo de transformación y es necesaria la competitividad.
- Los procuradores asumirán nuevas y distintas funciones, pero manteniendo siempre la representación.
- Se ha modificado la Ley de Mediación para que puedan tener entrada los procuradores, que han de ser protagonistas importantes en esta cuestión.
- Avanzaremos en otorgarles a los procuradores mayores competencias en el ámbito de la ejecución y de los actos de comunicación, consolidando, al propio tiempo, la representación procesal.
- En el modelo español de Justicia, el procurador es insustituible.
- La red de Colegios de Procuradores es una herramienta imprescindible para llegar a todos los puntos de la geografía española.
- El Ministerio está estudiando fórmulas para que el auxilio judicial entre países, se lleve a efecto, en España, a través de los procuradores.

Buenas noticias para la procura!

miércoles, 28 de noviembre de 2012

MEDIDAS DE PROTECCION DEUDORES HIPOTECARIOS. AUN NO HAY NADA DECIDIDO.

El Congreso vota el jueves la convalidación de las medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios

El Pleno del Congreso de los Diputados decidirá el jueves, 29 de noviembre, sobre la convalidación o derogación del Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

La sesión plenaria comenzará el martes, 27 de noviembre, a las 16:00 horas con el debate de toma en consideración de dos Proposiciones de Ley. La primera de ellas, presentada por el Grupo Socialista, busca la universalización del derecho de asistencia sanitaria pública.

La segunda Proposición de Ley apoya la convocatoria de un referéndum consultivo en el caso de decisiones políticas que afecten sustancialmente a derechos económicos, sociales y laborables. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Izquierda Plural y el Grupo Mixto. 

El Pleno continuará con el debate de dos proposiciones no de ley. La primera de ellas, registrada por el Grupo Popular, versa sobre elaboración de una cartera básica de servicios para las víctimas de violencia de género en materia.

La segunda proposición también trata sobre la violencia de género, concretamente sobre medidas para el apoyo y asistencia a los hijos e hijas de las víctimas mortales de la violencia de género, en particular cuando son menores. En este caso la iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La sesión plenaria del martes concluirá con las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes IU, ICV-EUiA, CHA sobre actuaciones en defensa de una democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía; de UPyD, sobre las medidas necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando imputados de las listas electorales, evitando que puedan permanecer en sus cargos en el caso de ser formalmente acusados y derogando los privilegios de los partidos políticos en el Código Penal; y del Grupo Socialista, sobre posición del Gobierno acerca de las previsiones de la economía española para 2013.

El miércoles, a las 9:00 horas, el Pleno se reanudará con sesión de control al Gobierno y el debate de las interpelaciones urgentes.

El jueves, a las 9:00, se decidirá sobre la convalidación o derogación del Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Acto seguido se debatirán las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo).

El Pleno cerrará con el debate y votación del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2011, presentado por Soledad Becerril.