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jueves, 24 de enero de 2013

TASAS JUDICIALES. GALLARDON QUIERE QUE PASEMOS DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA A LA TUTELA JUDICIAL EN EFECTIVO


Nadie se lo ha pedido, pero nada más llegar al cargo, se presenta en el Congreso con una misión: cambiar la Justicia. Su primer objetivo es el el tasazo al derecho a la tutela judicial efectiva. Quien use el juzgado que pague y así habrá menos demandas
“Es necesario revisar  el vigente sistema de tasas judiciales. Hay un abuso en estos momentos en España en los órganos judiciales", aseguraba Gallardón en enero de 2012. Abuso. Esa es la palabra clave que marca el plan del Gobierno. Para el ministro, la raíz de los males de la Justicia está en que los españoles la utilizan demasiado.
Asegura que la gente va al juzgado aún sabiendo que va a perder y aporta datos. Según el Ministerio, el 75% de las personas que recurren una sentencia, pierden y 9 de cada 10 apelaciones que llegan al Tribunal Supremo son rechazadas. Casos que no van a ningún sitio y que saturan los juzgados.
Para acabar con esto, la receta del Gobierno vuelve a ser la política de bolsillo: quien use el juzgado que pague y así habrá menos demandas. En una palabra: tasas.
La idea no es nueva. Existe desde 2002, pero sólo afectaba a empresas o sociedades con más de 8 millones de facturación.  La novedad que introduce el Ministro es que, ahora por primera vez, pagan casi todos los ciudadanos. Se libran las familias que ganen, entre todos. menos de 1.300 euros al mes.
No sólo hay una tasa, sino dos. Las fijas van desde los 100 euros por acceder a un juicio rápido, hasta los 1.200 euros por recurrir ante el Supremo. A estas cantidades, hay que sumar otra tasa variable: el 0,5% de la cantidad que se reclama.
Para entenderlo basta con ver un ejemplo habitual: un divorcio. Los dos quieren quedarse con la casa, que vale 300.000 euros. Para iniciar la demanda deben pagar 300 euros de tasa fija, más el 0,5% del precio de esa vivienda, esto es1.500 . En total, 1800 euros sólo por poner la demanda.
El resultado de esta medida ha sido una protesta sin precedentes en los juzgados. Abogados, procuradores y funcionarios rechazan la medida. Hasta los jueces, nada sospechosos de izquierdistas radicales, se oponen. Incluso las asociaciones de magistrados más vinculadas al Partido Popular, que pedían la instauración de tasas, consideran ahora que la medida del ministro es desproporcionada.
Se trata de una ley hecha contrarreloj, tanto, que durante un mes ni siquiera pudieron cobrarse las tasas. Los formularios aún no estaban terminados.
Agosto de 2008. El avión JK5022 de la compañía Spanair se estrella en el aeropuerto de Barajas. Mueren 154 pasajeros, entre ellos la sobrina de Pilar. Tras cuatro años de lucha en los juzgados, el caso está archivado sin responsables. Quieren seguir batallando, pero las tasas se lo ponen difícil y la empresa aseguradora les presiona para que lo dejen.
Estela ha quedado con su abogado para preparar su caso. Era limpiadora hasta que secundó la huelga general del 14 de noviembre. Al día siguiente, casualidades de la vida, su jefe la echó a la calle. Ha denunciado a la empresa por despido improcedente. Si pierde, recurrir la sentencia le costará 500 euros, casi lo mismo que ganaba al mes.
¿Qué dice la Constitución de todo esto? Para muchos juristas, los nuevos precios de la Justicia ponen en entredicho varios de sus artículos. Primero, el 14: el que dice que todos somos iguales ante la ley. También el 24, donde se garantiza el acceso universal a la justicia.
http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/tutela-judicial-efectivo-gallardon_2013011800240.html

miércoles, 26 de diciembre de 2012

LOS ABOGADOS DE ALICANTE SE REVELAN CONTRA LAS TASAS JUDICIALES Y PAGAN SOLO UN EURO

Algunos abogados de Alicante han iniciado su particular cruzada en contra de las tasas judiciales aprobadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Han comenzado a adjuntar a sus demandas y recursos el modelo de la Agencia Estatal Tributaria (AET) requerido, pero con un 1 en la casilla sobre la cuantía, tras haber consignado religiosamente un euro en la cuenta bancaria correspondiente.
Otros letrados han rellenado ese vacío con un rotundo 0, como explicó ayer el decano del Colegio de Abogados de Alicante (Icali), Fernando Candela, tras presidir la concentración que decenas de compañeros, funcionarios, jueces, fiscales y secretarios celebraron a las puertas del Palacio de Justicia de Benalúa contra las nuevas cargas y el resto de medidas adoptadas en este sector por el Gobierno.
«Esta es una respuesta de todos los operadores jurídicos contra el ministro Gallardón, que solo pretende recaudar y alejar la Justicia de los ciudadanos», aseguró a los medios Candela. «Algunos compañeros están presentando escritos con tasa 0 ó tasa 1 euros. Nosotros estamos defendiendo a los ciudadanos, que es a quienes afectan en realidad las tasas porque va a encarecer su acceso a la Justicia o directamente a impedirlo», agregó.
El decano dijo haber tenido ya conocimiento de algún caso que ilustra esas trabas: «Un compañero me contó que quería apelar una sentencia civil y no va a poder hacerlo porque el cliente no tiene derecho a la justicia gratuita pero tampoco dispone de los 800 euros de la tasa. El recurso tenía visos de prosperar. Es un ejemplo de las muchas situaciones que se van a dar en adelante».
Por ahora, la mayoría de abogados y procuradores están haciendo caso omiso a la ley de tasas judiciales en la provincia, según coinciden todas las fuentes de distintos colectivos profesionales consultados por este periódico. Esperan a que el secretario del juzgado al que van dirigido los escritos les requieran el pago. Si es que lo hacen, pues algunos de los secretarios ya han advertido que no piensan remitir dichos requerimientos.
Otros letrados, en cambio, han decidido plantear directamente la inconstitucionalidad de la normativa, lo que puede conllevar un efecto no deseado: la paralización total del procedimiento.
La protesta registrada ayer en Benalúa se convirtió en la más multitudinaria de cuantas se han convocado desde que Gallardón anunció sus polémicas medidas. Los abogados, algunos de ellos ataviados con togas, llevaban una pancarta donde se leía «Justicia para todos», en tanto que los funcionarios clamaban contra los recortes en el sector.