La atención, y preocupación, públicas que esta Ley ha despertado quedan
reflejadas en el hecho de que el grado de respuesta es masivo en todas las
preguntas planteadas: es este, sencillamente, un tema sobre el que prácticamente
todo el mundo se siente concernido y en condición de opinar.
El 83% de los españoles piensa, de entrada, que no puede haber razones que
justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia, y un porcentaje
similar (79%) cree, en todo caso, que las tasas que establece la nueva Ley son
excesivas. Y es destacable que las respuestas son igualmente masivas entre quienes
han acudido o no alguna vez a un abogado o a un tribunal, así como entre los
votantes de PP y PSOE
Dos de cada tres españoles (62%) afirman que no exageran quienes afirman que esta
Ley de tasas Judiciales va a dar lugar a una Justicia de ricos y otra de pobres,
quedando entremedias la gran mayoría de la población, sobre la que recaerá en
exclusiva el peso de estas nuevas tasas. Y lo piensa así incluso la clara mayoría (54%
frente a 39%) de los propios votantes del partido gobernante que ha promovido la
Ley
De forma asimismo masiva, los españoles anticipan algunos efectos claramente
negativos y especialmente preocupantes de la nueva Ley: vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva (lo dice el 84%), menor sensación de protección judicial
(lo indica el 83%) y más dificultades en la lucha contra la violencia machista (lo
señala el 77%.
Por otro lado, de forma ampliamente mayoritaria la ciudadanía se muestra en
desacuerdo con dos de las alegaciones favorables a la nueva Ley que han podido
escucharse: un 68% (frente a un 24%) no cree que esta Ley vaya a contribuir al
mejor funcionamiento de la Justicia, y un 61% sí piensa en cambio que como
consecuencia de la misma van a quedar desatendidas personas que puedan requerir
la tutela judicial
Con este estado general de opinión, no puede extrañar de que forma prácticamente
unánime (90%) los españoles concluyan que el Ministerio de Justicia debería haber
buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la
aprobación urgente y casi sin discusión de una norma contra la que se han
manifestado jueces, abogados y hasta el propio Consejo de Estado
Además, y en el supuesto de que uno de los fines de la nueva Ley pudiera ser
recaudar fondos para financiar la Justicia Gratuita, el 84% de la ciudadanía
considera que es el Estado quien tiene la obligación de financiarla con cargos a los
Presupuestos Generales, y no los usuarios mediante el pago de tasasDejo la puerta abierta a nuevas opiniones...
No hay comentarios:
Publicar un comentario