Uno de los elementos que ha soliviantado al mundo de la justicia en contra el Gobierno ha sido la fuerte subida de las tasas judiciales que los ciudadanos deben abonar para acceder al servicio público. Un salto de tal nivel que el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, lo calificó hace poco como el “mayor ataque del poder político a nuestro sistema de valores constitucional”. En un tono mucho más moderado, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, y el vicepresidente del organismo, Fernando de Rosa, expresaron ayer dudas en ese mismo sentido.
De Rosa, que fue consejero de Justicia durante la etapa del expresidente Francisco Camps, recordó que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en ocasiones anteriores la existencia de tasas judiciales. Pero agregó: “Queda la cuestión que planteó ya el Consejo \[General del Poder Judicial\] de algunas cuantías en las que efectivamente se puede pensar que pueden ser excesivas en algunos supuestos concretos, y yo creo que serán matizadas. Sobre ello tendrá que resolver el Tribunal Constitucional”. Bravo señaló que, en mayo, el consejo “ya constató cuáles eran los puntos que entendíamos que de alguna forma podían obstaculizar el derecho a la tutela judicial efectiva”. Y ahora, el Constitucional “tendrá que valorar si la desproporción de alguna de las tasas podría suponer una vulneración de ese derecho”, aunque es a dicho tribunal al que le corresponde “estudiarlo y valorarlo”, afirmó.
De Rosa y Bravo hicieron las declaraciones tras reunirse con el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Pilar de la Oliva, con quienes trataron la puesta en marcha de un plan piloto de oficina judicial. Castellano señaló que se aprovecharán las experiencias que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana y otros territorios, especialmente el País Vasco.
Castellano confió en la llegada de al menos 25 nueves jueces a la comunidad autónoma. Y anunció un convenio para “dar salida” a los vehículos incautados en procedimientos judiciales, cuyo mantenimiento representa un gasto para el Consell.
De Rosa, que fue consejero de Justicia durante la etapa del expresidente Francisco Camps, recordó que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en ocasiones anteriores la existencia de tasas judiciales. Pero agregó: “Queda la cuestión que planteó ya el Consejo \[General del Poder Judicial\] de algunas cuantías en las que efectivamente se puede pensar que pueden ser excesivas en algunos supuestos concretos, y yo creo que serán matizadas. Sobre ello tendrá que resolver el Tribunal Constitucional”. Bravo señaló que, en mayo, el consejo “ya constató cuáles eran los puntos que entendíamos que de alguna forma podían obstaculizar el derecho a la tutela judicial efectiva”. Y ahora, el Constitucional “tendrá que valorar si la desproporción de alguna de las tasas podría suponer una vulneración de ese derecho”, aunque es a dicho tribunal al que le corresponde “estudiarlo y valorarlo”, afirmó.
De Rosa y Bravo hicieron las declaraciones tras reunirse con el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Pilar de la Oliva, con quienes trataron la puesta en marcha de un plan piloto de oficina judicial. Castellano señaló que se aprovecharán las experiencias que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana y otros territorios, especialmente el País Vasco.
Castellano confió en la llegada de al menos 25 nueves jueces a la comunidad autónoma. Y anunció un convenio para “dar salida” a los vehículos incautados en procedimientos judiciales, cuyo mantenimiento representa un gasto para el Consell.
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